viernes, 9 de octubre de 2015

La intimidación del Gobierno a los docentes no pudo evitar el paro

Alta adhesión.
SUTECO informa que la adhesión al paro docente en la provincia supera el 80 por ciento de promedio, lo que representa un claro y contundente mensaje al gobierno para que atienda los reclamos planteados por la organización sindical.

En todo el territorio provincial, salvo algunas escuelas del centro de la ciudad Capital donde el acatamiento fue dispar, el protagonismo de los docentes en el paro ha sido notable. De esta manera, fue muy elevada la adhesión en todos los Departamentos: Capital, Goya, Santo Tomé, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Bella Vista, Monte Caseros, Ituzaingó, Esquina, Lavalle, Saladas, Concepción, San Roque, San Luís del Palmar, Empedrado, General Paz, San Cosme, San Martín, San Miguel, Mburucuyá, Itatí, Sauce, General Alvear y Berón de Astrada.

La medida, instrumentada luego de numerosos intentos del sindicato para lograr la apertura de la paritaria, ha tenido un alto impacto en todas las escuelas a pesar del amedrentamiento impulsado por el gobierno a través de la Dirección de Trabajo, que dictó una disposición -arbitraria y contradictoria- de supuesta ilegalidad del paro.

ARBITRARIA, porque, la ley de convenio colectivo para el sector docente, ha reconocido al SUTECO (entre otras organizaciones) el derecho de participar en las futuras paritarias docentes y por ende, el derecho de representar en ese ámbito los intereses colectivos de la docencia correntina.

CONTRADICTORIA, porque el derecho de huelga que tiene raigambre constitucional y cuyo ejercicio está contemplado en el Estatuto del SUTECO (aprobado por el Ministerio de Trabajo de la Nación) ha sido desde siempre reconocido por la Dirección de Trabajo-Subsecretaría de Trabajo, esto es por el Estado provincial. Es suficiente decir que, en fecha reciente la Dirección de Trabajo en un conflicto colectivo con el Ministerio de Educación –reconociéndole al SUTECO el derecho de declarar la huelga- dispuso la conciliación obligatoria prevista por la ley 14.786, cuyo procedimiento se tramitó por ante la Dirección de Trabajo con la intervención de funcionarios del organismo.

Finalmente, resulta absurdo que la ilegalidad de la medida de fuerza haya sido declarada por una de las partes del conflicto colectivo, esto es por el Estado provincial a través de uno de sus organismos dependientes: la Dirección de Trabajo.

Estas graves irregularidades serán puestas en conocimiento del Consejo Federal del Trabajo, como así también de la CTERA a fin de que, a través de ella se eleve la correspondiente denuncia a la Organización Internacional del Trabajo por grave violación a convenios del organismo sobre la materia.
Fuente: CORRIENTES HOY 

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