Para año 2015... (todavía no es padrón definitivo)
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viernes, 6 de febrero de 2015
SITEAC - Malestar docente por el estado de las escuelas
Reiterados pedidos de audiencia con Macció.
10:10 | La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación y Afines de Corrientes (Siteac) manifestó en la víspera su negativa a retornar a las actividades bajo las actuales condiciones edilicias de los establecimientos.
Los docentes expresaron su malestar por la manera en la que se encuentran muchas escuelas, con serios problemas de salubridad y edilicios.
"Hay cursos que dan clases al aire libre porque sus salones no tienen techos o bien están en precarias condiciones. No debería sorprender que un día se venga abajo el techo y tengamos que lamentar alguna desgracia", expresó acongojada Marcela Alarcón, secretaria adjunta de la nueva organización sindical.
Los integrantes de Siteac recalcaron que el poco mantenimiento incluye la falta de fumigación, pastizales abundantes y falta de servicios como agua o ventilación ante los días de agobiante calor.
Por su parte el secretario general, Juan Manuel González reiteró que insistirán al Gobierno con la aplicación de Paritarias y la concreción del mentado Nomenclador.
"No pueden seguir otorgando sumas antojadizas unilateralmente, como hasta el momento. Siteac nació para representar el reclamo de los trabajadores de la educación y no para ser sumisos en la mesa negociadora", recalcó González, quien ponderó el proceso por la tenencia de personería gremial aclarando que Siteac "ya cuenta con tutela sindical".
A la hora de fijar un porcentaje para recomposición el novel sindicato fija el pedido en 40 por ciento "teniendo en cuenta el abultado incremento de la canasta básica".
La apertura de las salitas para niños de 4 años fue otro de los aspectos que cuestionaron. "El Estado provincial dice que no tiene recursos y que no tiene personal, cuando maestras jardineras es lo que sobra", expresó Alarcón.
En la entrevista estuvieron presentes además Cintia Galarza, Alejandra Gómez y Eva Molina, como integrantes de la conducción.
Fuente: SOBRE TABLAS.
10:10 | La comisión directiva del Sindicato de Trabajadores de la Educación y Afines de Corrientes (Siteac) manifestó en la víspera su negativa a retornar a las actividades bajo las actuales condiciones edilicias de los establecimientos.
Los docentes expresaron su malestar por la manera en la que se encuentran muchas escuelas, con serios problemas de salubridad y edilicios.
"Hay cursos que dan clases al aire libre porque sus salones no tienen techos o bien están en precarias condiciones. No debería sorprender que un día se venga abajo el techo y tengamos que lamentar alguna desgracia", expresó acongojada Marcela Alarcón, secretaria adjunta de la nueva organización sindical.
Los integrantes de Siteac recalcaron que el poco mantenimiento incluye la falta de fumigación, pastizales abundantes y falta de servicios como agua o ventilación ante los días de agobiante calor.
Por su parte el secretario general, Juan Manuel González reiteró que insistirán al Gobierno con la aplicación de Paritarias y la concreción del mentado Nomenclador.
"No pueden seguir otorgando sumas antojadizas unilateralmente, como hasta el momento. Siteac nació para representar el reclamo de los trabajadores de la educación y no para ser sumisos en la mesa negociadora", recalcó González, quien ponderó el proceso por la tenencia de personería gremial aclarando que Siteac "ya cuenta con tutela sindical".
A la hora de fijar un porcentaje para recomposición el novel sindicato fija el pedido en 40 por ciento "teniendo en cuenta el abultado incremento de la canasta básica".
La apertura de las salitas para niños de 4 años fue otro de los aspectos que cuestionaron. "El Estado provincial dice que no tiene recursos y que no tiene personal, cuando maestras jardineras es lo que sobra", expresó Alarcón.
En la entrevista estuvieron presentes además Cintia Galarza, Alejandra Gómez y Eva Molina, como integrantes de la conducción.
Fuente: SOBRE TABLAS.
La UNNE ejecuta nuevas obras para mejor accesibilidad a sus instalaciones.
A través de un programa institucional la UNNE avanza en garantizar la accesibilidad universal en edificios y predios universitarios. Se aprobaron nuevas obras en los Campus Resistencia y Sargento Cabral.
La mayoría de las universidades del país se encuentran en un proceso de adaptación de sus instalaciones a las leyes de Accesibilidad, orientadas a favorecer el acceso, egreso y circulación interna de las personas independientemente de sus características físicas y sensoriales, en cumplimiento de la legislación vigente en la materia.
Durante el año 2009 representantes de las distintas universidades públicas del país y de la Secretaría de Políticas Universitarias trabajaron en la realización de un Diagnóstico del estado de los edificios universitarios respecto de la accesibilidad al medio físico, trabajo que concluyó en la definición de Protocolo sobre Accesibilidad, orientado a adecuar las instalaciones universitarias.
Posteriormente la Secretaría de Políticas Universitarias convocó a las universidades a la presentación de proyectos de accesibilidad para su financiación. La UNNE, en esa oportunidad, presentó la iniciativa de adecuación del predio del Campus Resistencia donde funcionan las Facultades de Arquitectura, Ingeniería, Ciencias Económicas y Humanidades.
Con los recursos de la SPU se trabajó en lo que se denomina CIMA o Circuito Mínimo Accesible como ser rampas de acceso, sanitarios accesibles, cambio de solados, ascensor y algunas obras complementarias indispensables, trabajos que ya están finalizados en el predio de la UNNE en Resistencia.
La UNNE como contraparte planificó la señalización de Accesos y en Halls de entrada en el Campus Resistencia, adecuación de mobiliarios, mejora de la iluminación : Maqueta / Mapa Háptico, señalización e información general Macrotipo y Braile; adecuación de mobiliarios, iluminación y estacionamiento entre otras remodelaciones necesarias.
Recientemente, se aprobó la Licitación Pública Nº 13/2014 que tiene por objeto la ejecución de la obra “Acondicionamiento constructivo para la Accesibilidad Universal en el Campus Resistencia, 2º Etapa”, que permitirá profundizar las obras ya realizadas en ese predio universitario.
También se aprobó la Licitación Pública Nº 14/2014 para el “Acondicionamiento constructivo para la Accesibilidad Universal en el Campus Sargento Cabral de la ciudad de Corrientes, 1º Etapa”.
“En una primera etapa se trabajó en garantizar las condiciones mínimas de accesibilidad en el Campus Resistencia, mientras se proyectan otras obras que permitan optimizar aún más la integración de esos espacios físicos” explicó el arquitecto Miguel Ríos, responsable del Área de Coordinación del Programa de Accesibilidad de la UNNE, dependiente de la Secretaría General de Planeamiento de la UNNE.
Detalló que al igual que en el Campus Resistencia y Cabral, se trabaja en otros predios de la UNNE como el Campus Deodoro Roca o “Libertad” y otras dependencias universitarias.
En ese sentido, el responsable del área sostuvo que se trabaja relevamientos y estudios preliminares necesarios para acondicionar a los criterios de accesibilidad la infraestructura ya existente, y a la vez se proyecta “ajustar” procedimientos para que las nuevas obras que se proyecten contemplen en los requerimientos el cumplimiento de condiciones mínimas de accesibilidad, así como las remodelaciones y ampliaciones.
En paralelo, se trabaja en coordinación con las distintas unidades académicas para unificar criterios en obras que las facultades en su autonomía proyectan para sus instalaciones.
Recientemente, el Programa de Accesibilidad de la UNNE se sumó al proyecto de extensión "Estrategias innovadoras de Diseño Universal", en el cual la UNNE en articulación con instituciones referentes de Chaco y Corrientes buscan definir estrategias de diseño que posibiliten el acceso para todos al medio construido y al espacio público.
MIRADA AMPLIA. El arquitecto Ríos reiteró que desde la Universidad se trabaja con la visión de que adecuar las instalaciones universitarias a las normativas de accesibilidad, lo que permitirá no sólo garantizar esos derechos a las personas con dificultades motrices, auditivas o visuales que forman parte de la comunidad de la UNNE, sino que además favorecerá que muchas otras personas con discapacidad o limitaciones físicas puedan decidirse a ingresar en la Universidad.
“La visión estratégica no es adaptar un espacio físico para la accesibilidad de los discapacitados, sino que sea accesible para todas las personas” refirió.
Sostuvo que las barreras edilicias o físicas se constituyen en ocasiones además en barreras psicológicas para las personas con discapacidad y problemas físicos, que limitan su adecuada integración al resto de los miembros de la comunidad académica.
Agregó que no se contempla únicamente la cuestión edilicia, aunque sean las más trascendentes, sino que se abordará también aspectos relacionados con la comunicación, sistemas administrativos, curriculares, entre otras variables.
Desde el Programa de Accesibilidad de la UNNE se reitera que la relevancia otorgada por la Universidad a la Accesibilidad de sus predios no se restringe únicamente a cumplir normativas vigentes, sino que tiene también por sentido promover la toma de conciencia en la comunidad universitaria y en la sociedad en general respecto a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
Si bien el objetivo central es la eliminación de las barreras físicas o constructivas que impiden una real accesibilidad, a futuro se proyecta que una vez garantizado el derecho de accesibilidad se pueda trabajar en enriquecer aún más los espacios en pos de potenciar las habilidades de las personas con discapacidad.
Se destaca también la positiva receptividad que la actual Rectora, profesora María Delfina Veiravé, ha tenido respecto a la continuidad del Programa de Accesibilidad en la UNNE, y concretamente en la decisión de la ejecución de las obras que ya tienen una financiación parcial de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.
De tal forma la UNNE favorece la disponibilidad de todos los recursos necesarios para que cada persona utilice su capacidad diferente y su derecho humano para superarse mediante la formación universitaria en su propia condición personal y comunitaria.
Fuente: EL LITORAL
La víctima debió estar en clases, pero las autoridades de la escuela lo autorizaron a salir. El chico murió minutos después porque fue a nadar con unos compañeros a la zona del Riachuelo. La decisión judicial sienta precedente en otros casos similares ocurridos en los últimos años.
TRÁGICO. El niño tenía 10 años cuando la travesura de "salir antes" terminó con su vida.
En un fallo sorpresivo, la Justicia correntina determinó que el Estado provincial deberá pagar una indemnización de casi 166.500 pesos a la familia de Andrés Ramón Juárez. El chico tenía 10 años cuando se ahogó en las aguas del Riachuelo, a la altura del barrio Pirayuí. Debió haber estado en clases, pero minutos antes los directivos del establecimiento público lo autorizaron a retirarse temprano. Este hecho puede sentar precedente en otros casos de menores fallecidos en horario escolar.
"La Corte Provincial confirmó una sentencia de Cámara que estableció en 166.443,32 pesos el rubro "pérdida de chance" derivado del fallecimiento de niño que se ahogó en el Riachuelo tras haber sido autorizado a retirarse del establecimiento educativo", explicaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Capital.
Para los investigadores que intervinieron en la causa, no hay dudas de que el pequeño se ahogó, luego de ser autorizado por los directivos de la escuela 356 Jorge Luis Borges, a retirarse antes del horario de salida. Por lo que no hubo dudas que la responsabilidad por su muerte recaía sobre las autoridades del establecimiento y en consecuencia, del Estado provincial encargado de su administración.
Según indicaron, en una primera instancia el Juez efectuó un cálculo en base a la edad del niño (10 años), la condición humilde de la familia, la expectativa de vida de los padres (70 años) y la ayuda que podría prestar a sus progenitores en el futuro. Ese valor fue confirmado por la Cámara.
Cuando se supo de este cálculo realizado por los especialistas de la Justicia, el Estado de la Provincia interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, cuestionando el monto al que se arribó, al que calificó como efectuado de manera "discrecional". Criticó por arbitraria la edad de 75 años como expectativa de vida de los padres del menor, y sostuvo que no se tuvo en cuenta la posibilidad de que "la víctima no hubiera accedido a un ingreso mensual al equivalente al salario mínimo, vital y móvil, ni el factor negativo representado por la posibilidad de que su economía familiar le impidiera cualquier ayuda constante a sus padres".
Sin embargo, en la sentencia N° 149/14 los ministros Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri, explicaron claramente que esa cuantificación no podía ser el resultado de una igualdad matemática sino que debía ser estimada prudencialmente y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Y consideraron que no era discrecional el pronunciamiento judicial que tomó en cuenta "las circunstancias particulares del caso, sin omitir, la posibilidad de que la víctima no hubiera accedido a un ingreso mensual".
Por si quedaban planteos, agregaron también que "la edad considerada como expectativa de vida de los padres no era arbitraria sino que estaba fundada en informes de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas".
Fuente: EL LIBERTADOR
TRÁGICO. El niño tenía 10 años cuando la travesura de "salir antes" terminó con su vida.
En un fallo sorpresivo, la Justicia correntina determinó que el Estado provincial deberá pagar una indemnización de casi 166.500 pesos a la familia de Andrés Ramón Juárez. El chico tenía 10 años cuando se ahogó en las aguas del Riachuelo, a la altura del barrio Pirayuí. Debió haber estado en clases, pero minutos antes los directivos del establecimiento público lo autorizaron a retirarse temprano. Este hecho puede sentar precedente en otros casos de menores fallecidos en horario escolar.
"La Corte Provincial confirmó una sentencia de Cámara que estableció en 166.443,32 pesos el rubro "pérdida de chance" derivado del fallecimiento de niño que se ahogó en el Riachuelo tras haber sido autorizado a retirarse del establecimiento educativo", explicaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Capital.
Para los investigadores que intervinieron en la causa, no hay dudas de que el pequeño se ahogó, luego de ser autorizado por los directivos de la escuela 356 Jorge Luis Borges, a retirarse antes del horario de salida. Por lo que no hubo dudas que la responsabilidad por su muerte recaía sobre las autoridades del establecimiento y en consecuencia, del Estado provincial encargado de su administración.
Según indicaron, en una primera instancia el Juez efectuó un cálculo en base a la edad del niño (10 años), la condición humilde de la familia, la expectativa de vida de los padres (70 años) y la ayuda que podría prestar a sus progenitores en el futuro. Ese valor fue confirmado por la Cámara.
Cuando se supo de este cálculo realizado por los especialistas de la Justicia, el Estado de la Provincia interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley, cuestionando el monto al que se arribó, al que calificó como efectuado de manera "discrecional". Criticó por arbitraria la edad de 75 años como expectativa de vida de los padres del menor, y sostuvo que no se tuvo en cuenta la posibilidad de que "la víctima no hubiera accedido a un ingreso mensual al equivalente al salario mínimo, vital y móvil, ni el factor negativo representado por la posibilidad de que su economía familiar le impidiera cualquier ayuda constante a sus padres".
Sin embargo, en la sentencia N° 149/14 los ministros Guillermo Horacio Semhan, Fernando Augusto Niz y Eduardo Panseri, explicaron claramente que esa cuantificación no podía ser el resultado de una igualdad matemática sino que debía ser estimada prudencialmente y de acuerdo a las circunstancias de cada caso. Y consideraron que no era discrecional el pronunciamiento judicial que tomó en cuenta "las circunstancias particulares del caso, sin omitir, la posibilidad de que la víctima no hubiera accedido a un ingreso mensual".
Por si quedaban planteos, agregaron también que "la edad considerada como expectativa de vida de los padres no era arbitraria sino que estaba fundada en informes de Desarrollo Humano elaborado por las Naciones Unidas".
Fuente: EL LIBERTADOR
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