Organizaciones que representan a los docentes correntinos se muestran “preocupadas” por la instalación de cámaras de seguridad en las escuelas debido a que advierten un “posible avasallamiento a los derechos” de trabajadores de la educación y alumnos.
Desde el punto de vista de los educadores, la utilización de medios técnicos para la obtención de imágenes podría afectar el desarrollo libre de las tareas al tiempo que podría existir una violación a la intimidad.
El referente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteco), Gerardo Marturet, consideró que la puesta en funcionamiento de equipos de filmación en instituciones escolares podría abrir la puerta a acciones judiciales.
La acción se daría al constatarse la afectación a los intereses individuales de las personas, pero también ante la posibilidad que fuera negada la información respecto a cómo se implementará el método de vigilancia. “El problema es que el Gobierno no está dando información fehaciente”, afirmó Marturet.
Es por ello que solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia, donde plantearán una serie de inconvenientes que atraviesa el sector de la educación. Así aclaró que la implementación de los aparatos “es uno los temas que pedimos discutir con el Gobierno; está incluido en el temario de las paritarias”, explicó el dirigente.
En este marco expresó sus dudas respecto a los objetivos reales que persigue la propuesta oficial al advertir que se podrían utilizar como “espías sobre alumnos y docentes”.
Es por ello que se pregunta que “si instalan cámaras, hay que ver dónde estarán ubicadas, porque una cosa es en el interior y otra en el exterior de la escuela”.
Además cuestiona respecto a “quiénes verán esas imágenes; si serán enviadas a un centro de monitoreo o quedarán en las escuelas; si serán vistos por policías”, interrogantes que pretenden elevarlas a las autoridades gubernamentales.
Pero aclaró que están de acuerdo con aplicar estrategias destinadas a prevenir delitos contra las instituciones escolares. Pero “‘una cosa es la seguridad y otra es la integridad de los docentes y alumnos”.
Así propuso que se obtengan imágenes desde fuera del edificio. “La vigilancia puesta en el exterior posibilitaría evitar robos en horarios de inactividad”.
Consideró también que “si las cámaras están afuera, que se activen para controlar movimientos extraños en horarios en los que la escuela está vacía”.
Recordó también que medidas similares a las llevadas adelante en Corrientes fueron observadas en otras provincias.
EL CONFLICTO ES POR LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE ALUMNOS Y DOCENTES.
“Si instalan cámaras, hay que ver dónde estarán ubicadas, porque una cosa es el interior y otra es el exterior”.
Desde el punto de vista de los educadores, la utilización de medios técnicos para la obtención de imágenes podría afectar el desarrollo libre de las tareas al tiempo que podría existir una violación a la intimidad.
El referente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteco), Gerardo Marturet, consideró que la puesta en funcionamiento de equipos de filmación en instituciones escolares podría abrir la puerta a acciones judiciales.
La acción se daría al constatarse la afectación a los intereses individuales de las personas, pero también ante la posibilidad que fuera negada la información respecto a cómo se implementará el método de vigilancia. “El problema es que el Gobierno no está dando información fehaciente”, afirmó Marturet.
Es por ello que solicitaron una reunión con las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia, donde plantearán una serie de inconvenientes que atraviesa el sector de la educación. Así aclaró que la implementación de los aparatos “es uno los temas que pedimos discutir con el Gobierno; está incluido en el temario de las paritarias”, explicó el dirigente.
En este marco expresó sus dudas respecto a los objetivos reales que persigue la propuesta oficial al advertir que se podrían utilizar como “espías sobre alumnos y docentes”.
Es por ello que se pregunta que “si instalan cámaras, hay que ver dónde estarán ubicadas, porque una cosa es en el interior y otra en el exterior de la escuela”.
Además cuestiona respecto a “quiénes verán esas imágenes; si serán enviadas a un centro de monitoreo o quedarán en las escuelas; si serán vistos por policías”, interrogantes que pretenden elevarlas a las autoridades gubernamentales.
Pero aclaró que están de acuerdo con aplicar estrategias destinadas a prevenir delitos contra las instituciones escolares. Pero “‘una cosa es la seguridad y otra es la integridad de los docentes y alumnos”.
Así propuso que se obtengan imágenes desde fuera del edificio. “La vigilancia puesta en el exterior posibilitaría evitar robos en horarios de inactividad”.
Consideró también que “si las cámaras están afuera, que se activen para controlar movimientos extraños en horarios en los que la escuela está vacía”.
Recordó también que medidas similares a las llevadas adelante en Corrientes fueron observadas en otras provincias.
EL CONFLICTO ES POR LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES DE ALUMNOS Y DOCENTES.
“Si instalan cámaras, hay que ver dónde estarán ubicadas, porque una cosa es el interior y otra es el exterior”.
Varias disposiciones judiciales prohibieron cámaras en escuelas
Tanto la Justicia de la provincia de Buenos Aires como la de la Ciudad de Buenos Aires prohibieron la instalación de cámaras.
En el primero de los casos, el juez Luis Arias consideró “que existen otros remedios técnicos y/o humanos que pueden dar igual o mejor respuesta, pero con la ventaja de no amenazar o lesionar los derechos de los niños y adolescentes”.
Además que “no existirían garantías suficientes para que las imágenes de los jóvenes que pudieran obtenerse no sean difundidas públicamente, todo lo cual representa un peligro potencial para los derechos involucrados”. Este fallo fue revertido más tarde.
En tanto en la Ciudad Autónoma, la jueza Elena Liberatori consideró que aun cuando la vigilancia se realice fuera del horario escolar “no se comprende cómo la comunidad educativa alcanzada pueda discernir si efectivamente una videocámara está funcionando o no, y más bien pareciera que afirmarlo, es decir, que funcionaran fuera del horario escolar, indica precisamente que la instalación de esos aparatos será en el ámbito de las actividades educativas”.
Tanto la Justicia de la provincia de Buenos Aires como la de la Ciudad de Buenos Aires prohibieron la instalación de cámaras.
En el primero de los casos, el juez Luis Arias consideró “que existen otros remedios técnicos y/o humanos que pueden dar igual o mejor respuesta, pero con la ventaja de no amenazar o lesionar los derechos de los niños y adolescentes”.
Además que “no existirían garantías suficientes para que las imágenes de los jóvenes que pudieran obtenerse no sean difundidas públicamente, todo lo cual representa un peligro potencial para los derechos involucrados”. Este fallo fue revertido más tarde.
En tanto en la Ciudad Autónoma, la jueza Elena Liberatori consideró que aun cuando la vigilancia se realice fuera del horario escolar “no se comprende cómo la comunidad educativa alcanzada pueda discernir si efectivamente una videocámara está funcionando o no, y más bien pareciera que afirmarlo, es decir, que funcionaran fuera del horario escolar, indica precisamente que la instalación de esos aparatos será en el ámbito de las actividades educativas”.
Fuente: NORTE DE CORRIENTES
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