Fechado el pasado martes, directivos de escuelas recibieron por tercera vez en menos de 30 días la resolución ministerial 578 para que informen cuántos y quiénes se adhirieron a las últimas dos jornadas de huelga el pasado 20 y 21 de marzo. Ayer, tras el feriado nacional del 2 de abril, Suteco emitió un comunicado denunciando el hecho y anticipando una serie de pasos a seguir que terminarán con un proyecto legislativo. Se sumó Acdp con un duro planteo por el estado edilicio de los establecimientos y por la equiparación salarial que deberá hacer el Gobierno de la Provincia con respecto al incremento de haberes para los educadores correntinos producto de las paritarias nacionales finalizadas a comienzos de esta semana.
Enterados de que la controvertida resolución 578 llegó nuevamente a los establecimientos, Suteco reiteró un pedido de revocatoria que lo presentó antes del mediodía de ayer.
A través de la resolución fechada el pasado 1 de abril, el Ministerio de Educación dirigido por Orlando Macció, señala que un gran número de directores y rectores no cumplieron en tiempo y forma con el envío de la información requerida el pasado 19 de marzo de 2014, por eso insiste: “Solicitamos adopten los recaudos necesarios para que se dé cumplimiento al pedido, dentro del plazo de 48 horas de recibido el Memorándum”. Fernando Ramírez, secretario general del único sindicato que no firmó un acuerdo salarial con el Gobierno provincial, planteó: “La docencia no brindará esta información. No sé qué le preocupa al Gobierno, si según las cifras oficiales solo el 20% de los docentes se adhirió a la medida de fuerza (20 y 21 de marzo)”. Consultado por NORTE de Corrientes cómo influirá esta nueva decisión del Ministerio en el ánimo de los educadores, categóricamente aseguró que “muy mal, porque a esto le sumamos los descuentos masivos a los maestros que en algunos casos rozaron los mil pesos.
Hasta el Incentivo descontaron y es algo que no lo pueden hacer porque son fondos nacionales”, explicó.
La sospecha es que con la información de los huelguistas del 20 y 21 de marzo, se activarán nuevos descuentos.
Para el sector gremial es ilegal tanto obligar a los directivos a informar sobre los docentes que pararon, como hacer firmar declaraciones juradas a los docentes; mientras que el gobierno sostiene que tales requerimientos constituyen una obligación legal tanto de directivos como de docentes. Sobre esa base el Suteco apronta una solicitud al Poder Legislativo provincial para saber cómo se aplican en la Provincia los fondos educativos, los que van a salarios de maestros y los recursos que engordan los ítems salariales docentes. “En las paritarias nacionales se acordó que el Fondo de Financiamiento Educativo tenga sólo esa aplicación”, dijo Fernando Ramírez. El secretario general del Suteco se refirió a las partidas que desde enero de 2013 se extendieron de las provincias a los municipios. Ambos sectores reciben desde entonces esos recursos que como lo indica su denominación, deben tener como único destinatario, el sector educativo. En Corrientes, durante todo el año pasado, el Ejecutivo no envió esas partidas porque el proyecto de Presupuesto 2013 no fue aprobado en el Legislativo. Para este año, el oficialismo y la oposición kirchnerista, acordaron que los municipios reciban los recursos a cambio deben presentar proyectos educativos a las cámaras legislativas.
En cuanto a recursos provenientes desde la Nación, el Suteco ya hizo su cálculo: a fines de este mes llegarán cerca de 19 millones pesos para cumplir con el piso salarial de 4.400 pesos acordados en paritaria nacional. Y a su vez insistir con la devolución del incentivo docente descontado por la administración provincial junto a los días de huelga del 5 y 6 de marzo pasado. Resta saber si habrá descuento por el 20 y 21 de marzo que también hubo paro.
Fuente: NORTE DE CORRIENTES
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